15/04/2019

USUARIOS DE LA ELECTRICA DEBERÁN PAGAR UNOS 40 MILLONES DE PESOS VOLVER

Cámara favoreció a la Cooperativa

Por: Juan Franco
Análisis

Sobre el cierre de la semana pasada se oficializó el fallo de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral, que con el voto unánime de Héctor López, Federico Bertram y Juan Ignacio Prola, declaró legítimos los aumentos tarifarios aplicados a principios de 2018 por la Cooperativa Eléctrica y la autorizó a cobrarlos (en al menos dos bimestres y a valor nominal), revocando así el fallo de la jueza en lo Civil y Comercial, María Celeste Rosso. Cabe aclarar que hoy los usuarios están pagando sus consumos con aquel aumento y que el litigio se limita al período comprendido entre la primera liquidación de los incrementos y la audiencia pública del 10 de julio del año pasado, lapso en el cual no se facturaron al menos 40 millones de pesos. En el origen de la judicialización, el tarifazo fue suspendido por 90 días el 24 de abril de 2018 por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, que alegó su inconstitucionalidad por no convocar a la audiencia pública (ordenanza 4859/16) e hizo lugar al recurso de amparo promovido por la Unión de Consumidores y Usuarios (UCU).

Meses después, en agosto, una vez realizada dicha audiencia, la jueza Rosso autorizó a partir de ese momento la facturación con el reajuste, pero sin efecto retroactivo, con lo cual la CEVT estaba impedida de gestionar el reembolso de los 40 millones de pesos que contabilizaba como acreencia. Mientras reiteraban con tono apocalíptico que estaban al borde del deterioro del servicio y del quebranto económico-financiero, las autoridades eléctricas acudieron a la Cámara de Apelación, que con este reciente fallo, además de rechazar el recurso de nulidad, declara "legítimos los incrementos tarifarios" y sostiene que la Cooperativa "tiene derecho a cobrarlos en, al menos, dos bimestres, a valor histórico, sin perjuicio de la extensión del piso que aquí se establece". También se fundamenta que "aquellos usuarios que hayan abonado las tarifas incrementadas se los tendrá por bien pago, sin obligación de devolución por parte de la demandada si no lo hubiera hecho".

Desde la UCU, antes de pronunciarse públicamente, prefirieron profundizar en el análisis de la sentencia, si bien se descuenta que presentarán un recurso ante la Cámara de Apelación (tienen un plazo de 10 días) para que se la habilite a acudir ante la Suprema Corte de Justicia provincial, y si se le deniega esa vía recurrirán directamente al máximo Tribunal santafesino, que como primera medida tendrá que decidir si admite la recepción del caso. No obstante, desde la ONG se mostraron sorprendidos por un fallo que genera "mayor desprotección" a los consumidores, y que "empodera" a la Cooperativa Eléctrica, que en adelante con sólo informar que no modificó su Valor Agregado de Distribución (VAD) podría variar el precio del Kw-h sin obligación de audiencia pública.

Los fundamentos

Entre los fundamentos neurálgicos de la sentencia, el camarista Héctor López señala que "la ordenanza (4859/16) revela desconocer la supremacía del ordenamiento jurídico provincial", ya que mientras la normativa santafesina "excluye de la obligación de realizar audiencias cuando de lo que se trata es del traslado de costos", la ordenanza venadense obligaba a la audiencia pública en cualquier caso, advirtiendo que una norma municipal no puede modificar ni derogar una ley provincial. De todos modos, el fallo rechazó la pretendida incorporación de un hecho nuevo por parte de la CEVT, en referencia a la modificación de la ordenanza 4859/16, que a fin del año pasado se adaptó a la legislación provincial, incorporando el Concejo la excepción de convocar a audiencia cuando el reajuste tarifario se deba a un traslado de costos, mientras que en este caso se considera probado que el Valor Agregado de Distribución no sufrió ningún aumento por parte de la Cooperativa. Más abajo, el juez Juan Ignacio Prola no sólo estableció que no había necesidad de audiencia pública ("¿cómo podría la CEVT explicar aumentos que ella no dispuso?", interroga), sino que también sostuvo que la ordenanza define a la Intendencia y el Concejo como convocantes a la audiencia pública obligatoria no vinculante, sorprendiendo al obser var que UCU tendría que haber demandado al Municipio. Más adelante, Prola consignó en su voto que la Cooperativa Eléctrica "es bastante reacia a brindar información sobre los quebrantos que dice haber padecido, y se nota cierta imprecisión sobre el componente del perjuicio que manifiesta sufrir por el período que no pudo cobrar el aumento", y enfatizó que si el quebranto es de tal magnitud que corría riesgo su equilibrio patrimonial, "debió esmerarse en acercar y explicar los cálculos en los que se funda su apreciación. Lejos de ello, las apreciaciones al respecto de la CEVT son un tanto erráticas, vacilantes e imprecisas". Ante ello, "el Tribunal no puede más que reconocer el derecho que tiene de cobrar con el aumento, pero sólo a valores históricos, sin ninguna clase de compensación, ya que se desconoce la estimación del quebranto y la interesada no aportó ningún dato concreto a la causa en ese sentido".

Por si queda firme...

Después de efectuar sus respectivas audiencias públicas, la Nación (en diciembre de 2017 y febrero de 2018) y la Empresa Provincial de la Energía (que hizo un reajuste del VAD del 15 por ciento en febrero de 2018) establecieron incrementos tarifarios que significaron para la Cooperativa Eléctrica una suba del 59 por ciento en el costo de compra, con un impacto para todo el año pasado de 90 millones de pesos adicionales. Sin embargo, el promedio del reajuste trasladado a sus asociados fue del 22,83 por ciento desde el primer bimestre de 2018 (a pagar en marzo) entre las distintas categorías (residencial, industrial, comercial, grandes potencias y otros), pero que recién logró facturar a los usuarios una vez realizada la audiencia. Ahora, si la sentencia queda firme, cada consumidor deberá reintegrar el aumento no abonado a lo largo del primer semestre del año pasado, que se sabe será a valores históricos (sin intereses), aunque la Eléctrica deberá establecer cómo prorratea (en cuántas cuotas) dicho importe, que por resolución de los camaristas no podrá ser inferior a dos bimestres ni facturarse en las épocas de mayor consumo.

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